La batalla legal por los estados de alarma, ya declarados ilegales por la justicia, van a suponer un varapalo para las Administraciones Públicas, quienes tendrán que hacer frente a cifras astronómicas por las demandas que las empresas que prestan servicios públicos han presentado a consecuencia de las medidas draconianas impuestas durante la pandemia, y que fueron las responsables directas de miles de millones en pérdidas.

Los jueces comienzan a dar la razón a las empresas privadas que ejecutan contratos públicos

Y es que la justica, como no podía ser de otra manera, se empieza a posicionar del lado de los damnificados: empresas privadas que gestionan contratos públicos. Los constantes confinamientos y restricciones afectaron a varios segmentos de mercado, entre los que se encuentra nuestro sector.

La situación se ha agravado por la inacción del Estado, de las Administraciones y de las Comunidades autónomas para dar una respuesta a la complicada situación creada. Las demandas han sido rechazadas u obviadas durante este tiempo, pero las cosas están cambiando, especialmente desde que se declarase la ilegalidad de los estados de alarma.

Los intentos por solucionar la situación van por la vía de extender concesiones o compensar económicamente a las empresas damnificadas para evitar que Administraciones, Comunidades Autónomas y el propio Estado tengan que pasar por los juzgados.

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  1. David
    14 junio, 2022

    Y….Como siempre los clubs privados que invierten i arriesgan su dinero, no reciben una sola subvención de ningún ayuntamiento, ni ganan ninguna concesión de forma dudosa o a dedo, ni obtienen ninguna compensación cuando pierden dinero.

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