El Departamento de Justicia de EE. UU. ha presentado una demanda contra LA Fitness por presuntas violaciones de la Ley ADA. En la demanda se afirma que muchos de sus gimnasios presentan barreras que impiden el acceso adecuado a personas con discapacidades, y el cobro de tarifas adicionales a quienes requieren asistencia para utilizar los equipos o acceder a los servicios.
El fiscal de EE. UU. Martin Estrada subrayó que algunos miembros no pueden acceder a áreas clave, como piscinas, jacuzzis y duchas. Un caso particularmente preocupante es el de un miembro identificado como “Patrón B“, quien sufre de parálisis cerebral y es cuadripléjico. Patrón B relató que tuvo que arrastrarse fuera de la piscina por las escaleras debido a la falta de un elevador en funcionamiento, lo que le causó dolor y heridas en la piel.
La demanda busca que LA Fitness, que opera más de 700 gimnasios en todo el país, detenga estas prácticas discriminatorias y realice ajustes para cumplir con los estándares de accesibilidad establecidos por la ADA. También solicita compensaciones económicas para las personas perjudicadas, incluyendo a aquellas que se vieron obligadas a pagar tarifas adicionales para que un asistente personal, enfermero o amigo las ayudara a acceder a las instalaciones.
La fiscal adjunta Kristen Clarke, quien encabeza la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, declaró que la demanda tiene como objetivo corregir las acciones discriminatorias de LA Fitness y asegurar que las personas con discapacidades puedan acceder a los servicios de sus gimnasios en igualdad de condiciones que el resto de los clientes. Clarke enfatizó que la ADA fue promulgada en 1990 precisamente para garantizar que las personas con discapacidades no enfrenten barreras en la vida pública, incluyendo en servicios como los gimnasios.
El documento legal detalla las experiencias de cuatro miembros de LA Fitness, identificados como Patrón A, B, C y D, todos afectados por la falta de accesibilidad. Un ejemplo especialmente impactante es el de Patrón B, quien tuvo que soportar dolorosas dificultades al tratar de utilizar las instalaciones de la piscina.
Además de exigir ajustes en las instalaciones, el Departamento de Justicia está solicitando “indemnizaciones económicas“ para compensar a las personas afectadas. Esta compensación cubriría no solo los daños derivados de la discriminación, sino también las tarifas adicionales pagadas por aquellos que necesitaron asistencia extra para utilizar las instalaciones, como el apoyo de amigos o cuidadores. Las autoridades también han hecho un llamado a otras personas que puedan haber sido afectadas por ascensores rotos en las piscinas para que presenten sus reclamaciones.
Por su parte, LA Fitness respondió a la demanda a través de un comunicado, afirmando que “garantizar que todos los miembros y visitantes sean bienvenidos en nuestros clubes es de suma importancia“ y que la empresa se toma en serio sus obligaciones bajo la ADA. LA Fitness también reafirmó su compromiso con la inclusión y la accesibilidad para todas las personas.
La Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA), promulgada en 1990, prohíbe la discriminación contra personas con discapacidades en diversas áreas de la vida pública, como el empleo, servicios públicos, transportes, telecomunicaciones y el acceso a alojamientos públicos, que incluyen tiendas, restaurantes y gimnasios. La ADA exige que las empresas eliminen las barreras arquitectónicas que dificultan el acceso de las personas con discapacidades, que ofrezcan adaptaciones razonables y que eviten cobrar tarifas adicionales por proveer asistencia a quienes la necesiten.
