La próxima legislatura debe hacer de la actividad física una prioridad 
Artículo de opinión

La próxima legislatura debe hacer de la actividad física una prioridad 

En este artículo, Roberto Ramos, CEO de BeOne, propone una agenda para impulsar la actividad física y la salud durante la próxima legislatura, ante las elecciones generales del 29 de noviembre. “Propongo a todos los partidos y a quienes formen el futuro Gobierno un objetivo compartido: facilitar que más personas puedan empezar a moverse, encuentren apoyo y mantengan ese hábito. España dispone de experiencia, profesionales e instalaciones para dar ese paso. Convertir esa capacidad en una población más activa y saludable merece un compromiso político duradero”. 

El primer cuarto del siglo XXI deja un balance del que podemos sentirnos orgullosos. Los triunfos de nuestras selecciones, las trayectorias de Rafa Nadal o Pau Gasol y los logros paralímpicos han convivido con el trabajo cotidiano de escuelas municipales, clubes, centros deportivos y familias. Hemos ampliado las formas de practicar deporte y desarrollado un sector más profesional. Esa base permite plantearnos ahora nuevas ambiciones. 

Las políticas públicas también han evolucionado. Comenzamos el siglo bajo la Ley del Deporte de 1990; la estrategia NAOS, lanzada en 2005, vinculó alimentación, actividad física y prevención de la obesidad; el Plan A+D propuso para 2010–2020 ampliar el acceso a la práctica. La Ley 39/2022 dio otro paso al reconocer la actividad física y el deporte como actividad esencial y el derecho de todas las personas a practicarlos, con garantías de igualdad e inclusión. 

La Encuesta de Hábitos Deportivos 2024/25 refleja ese avance: el 62,7 % de la población de 15 años o más practicó deporte durante el último año, frente al 53,5 % de 2015. La diferencia entre hombres y mujeres se sitúa en 6,7 puntos porcentuales. Es un progreso compartido, al que han contribuido distintas administraciones, entidades, empresas, profesionales y cambios sociales. 

La siguiente oportunidad aparece al mirar con más detalle. Practicar deporte alguna vez al año no equivale a alcanzar una actividad suficiente para la salud. Además, caminar o ir en bicicleta también cuenta, aunque una persona no se considere deportista, y entrenar puede convivir con demasiadas horas sentado. Necesitamos facilitar el movimiento cotidiano y acompañar a quienes todavía encuentran barreras para incorporarlo a su vida. 

La infancia merece especial atención. ALADINO 2023 (Estudio de Alimentación, Actividad física, Desarrollo infantil y Obesidad en España) encontró exceso de peso en el 36,1 % de los escolares de 6 a 9 años: una mejora de 4,5 puntos respecto a 2019 que invita a perseverar. La obesidad tiene múltiples determinantes. Actuar sobre alimentación, actividad física y condiciones de vida exige cooperación y apoyo a las familias, evitando culpabilizarlas. 

Contamos, además, con la Estrategia Nacional de Fomento del Deporte contra el Sedentarismo y la Inactividad Física 2025–2030, aprobada en diciembre de 2024. Prevé 87 millones de euros del presupuesto ordinario del CSD para sus actuaciones durante ese periodo, una cantidad distinta del conjunto del gasto público deportivo. Su enfoque sobre escuela, salud, trabajo e inclusión ofrece un punto de partida al que dar continuidad y recursos. 

Sobre esa trayectoria, invito a los partidos a concretar una agenda para la próxima legislatura. El Gobierno de España puede impulsar la fiscalidad y la coordinación; las comunidades autónomas conectan las políticas deportivas con buena parte de las sanitarias y educativas; los ayuntamientos las acercan a la vida diaria. Propongo acuerdos plurianuales con financiación, responsabilidades e indicadores compartidos, y margen para adaptar los servicios a cada territorio. 

La fiscalidad es una de las primeras oportunidades. En septiembre de 2012, determinados servicios deportivos pasaron del IVA reducido del 8 % al 21 %. Hoy las cuotas de gimnasio sujetas y no exentas tributan, con carácter general, al 21 %, mientras existen exenciones para servicios prestados por las entidades que establece la ley. Revisar este marco permitiría avanzar en la coherencia entre el reconocimiento del deporte como actividad esencial y las medidas que facilitan su acceso. 

Defiendo aplicar un tipo reducido a los servicios deportivos que hoy tributan al tipo general. La normativa europea permite hacerlo para el uso de instalaciones y las clases de deporte o ejercicio físico; concretarlo requiere una decisión normativa española. 

Los incentivos en el IRPF ofrecen otra vía. La Rioja y la Comunitat Valenciana ya contemplan deducciones por determinados gastos deportivos, con sus requisitos y límites. Sus experiencias pueden orientar nuevas medidas. Para quienes tienen poca cuota tributaria o dificultades para adelantar el pago, propongo complementarlas con bonos y ayudas directas vinculados a renta y necesidad. Buscamos que más personas puedan empezar y continuar, especialmente quienes hoy lo tienen más difícil 

Otra prioridad es consolidar la conexión entre Atención Primaria y ejercicio físico. El Plan de Prescripción de Actividad y Ejercicio Físico recibió una distribución territorial de nueve millones de euros en 2022, y en 2025 el CSD acordó evaluar su implantación y resultados. Galicia aprobó en 2024 Adestra a túa saúde, tras experiencias piloto, para conectar centros de salud y servicios municipales. Son iniciativas sobre las que construir servicios estables. 

Debe desembocar en un programa accesible, adaptado y acompañado por profesionales cualificados. Propongo que cada acuerdo establezca quién financia las sesiones, quién coordina el servicio y cómo se realiza el seguimiento, respetando las competencias profesionales y la protección de datos. Medir la continuidad a los tres, seis y doce meses, junto con resultados funcionales adecuados, ayudaría a aprender y mejorar. Para el ciudadano, la diferencia estará en encontrar una puerta abierta cuando decida empezar. 

La próxima legislatura también puede reforzar las oportunidades de la infancia y la adolescencia. Más movimiento diario, una Educación Física sólida, instalaciones escolares abiertas fuera del horario lectivo con personal y presupuesto, y actividades asequibles para quien no desea competir son propuestas concretas. Me parece especialmente valioso que dejar un equipo no signifique dejar de moverse. Debemos ofrecer alternativas atractivas que acompañen los cambios de edad e intereses. 

La igualdad de acceso se construye atendiendo situaciones reales: horarios compatibles con los cuidados, espacios accesibles para personas con discapacidad y programas cercanos o itinerantes en pequeños municipios. Para las personas mayores propongo ampliar el ejercicio adaptado orientado a fuerza, equilibrio y autonomía. El coste importa, al igual que la proximidad, el acompañamiento y la confianza para entrar por primera vez en un centro deportivo. 

Los ayuntamientos son decisivos para que estas propuestas lleguen a la ciudadanía. Un programa de apoyo plurianual debería ayudarles a mantener instalaciones, profesionalizar servicios y renovar equipamientos. Mejorar la eficiencia energética, el uso del agua y la adaptación al calor también contribuye a su continuidad. Cada nueva inversión debe contar con previsiones realistas de demanda, personal y mantenimiento, para que el servicio pueda sostenerse durante años. 

La colaboración entre administraciones, empresas y entidades deportivas puede ampliar esa capacidad. Propongo contratos viables que valoren la atención profesional, la conservación de las instalaciones y la incorporación de colectivos con dificultades, con objetivos públicos claros y evaluación. Una buena contratación comienza por conocer el coste de prestar bien el servicio y por dar estabilidad suficiente a los equipos que lo hacen posible. 

Desde los centros deportivos tenemos también una tarea propia. Podemos ofrecer experiencia, cercanía y capacidad de acompañamiento, y debemos mejorar la acogida de quien nunca ha entrenado, formar a los equipos y prestar atención al abandono. La asistencia, la continuidad y la experiencia de las personas deberían formar parte habitual de nuestra evaluación. Contribuir a la salud de la población exige que las puertas estén abiertas también para quienes necesitan más ayuda. 

Esta agenda debe llegar igualmente al urbanismo y al trabajo. Aceras accesibles, trayectos seguros a pie o en bicicleta, espacios con sombra y oportunidades de movimiento durante la jornada facilitan una vida activa. Los programas de empresa deberían ser voluntarios y accesibles para quienes trabajan por turnos. La tecnología puede apoyar el seguimiento, conservando alternativas para quienes no utilizan aplicaciones. 

Para dar concreción a este compromiso, propongo que el futuro Gobierno impulse durante su primer año un acuerdo con comunidades autónomas y ayuntamientos, con participación del sector y de las organizaciones ciudadanas. Ese acuerdo debería identificar financiación, responsables y calendario para la reforma fiscal, los programas de ejercicio vinculados a salud y las medidas de acceso. Cada territorio podría concretar objetivos a partir de su situación de partida. 

Durante la legislatura, un informe público anual permitiría conocer el presupuesto ejecutado, las personas alcanzadas, su continuidad y las diferencias por edad, sexo, renta y territorio. También ayudaría a evaluar qué incentivos generan nueva participación y qué programas ofrecen mejores resultados. Medir bien es una forma de cuidar los recursos públicos y de dar continuidad a las iniciativas que funcionan. 

Esa es la invitación que traslado a todas las fuerzas políticas y al Gobierno que surja de las urnas: construir sobre lo conseguido y hacer de la vida activa un objetivo compartido, con medidas que puedan mantenerse más allá de una legislatura. El próximo gran éxito del deporte español puede estar en la vida cotidiana de millones de personas. Tenemos la oportunidad de ayudar a que ocurra 

Una legislatura para poner a España en movimiento 
Una invitación a los partidos y al futuro Gobierno para impulsar la actividad física y la salud 

— 
Sobre Roberto Ramos Piñeiro 
Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. 
Licenciado en Educación Física por la Universidad de A Coruña (col. nº 9.746). 
Fundador y director general del Grupo BeOne/Serviocio. 
Vicepresidente del Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar y de AGAXEDE. 
Vocal de las juntas directivas de FNEID y ASOMED. 
Conferenciante, panelista y autor de artículos especializados en el sector del fitness. 

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