El sector deportivo ha presentado un recurso ante el TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) para pedir la suspensión cautelar de las medidas decretadas por la Generalitat por las que se para toda la competición deportiva y se cierran las instalaciones.

 Las entidades que representan el conjunto del sector, la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña (UFEC), Gestiona (Gestores de instalaciones públicas de Cataluña, el COPLEFC (Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y del Deporte de Cataluña), el clúster del deporte INDESCAT, la Federación Catalana de Natación, la Agrupación Empresarial de Clubes de Natación de Cataluña y la Federación Catalana de Fútbol, ​​han explicado en rueda de prensa los fundamentos de la demanda.

El recurso ha sido presentado por Miguel Ángel Alonso, de Écija Abogados, ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra la Resolución SLT / 2700/2020, de 29 de octubre, de los Consejeros de Salud y de Interior de la Generalidad de Cataluña, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de Covidien-19 al territorio de Cataluña.

El precedente de julio

«Somos optimistas porque en julio ya nos dieron la razón, y ahora aún tenemos más argumentos«, explicó Gerard Esteva, presidente de UFEC. «Nos mueve a hacer el recurso la desproporcionalidad, ya que las decisiones que han tomado tienen efectos contrarios a los que se persigue«, añadió. Durante la presentación, todo el sector se ha mostrado muy preocupado por la práctica deportiva descontrolada que se ha producido este fin de semana en el espacio público, sin medidas de seguridad ni trazabilidad, y por las graves repercusiones que el paro tendrá en la supervivencia de empresas y entidades.

Cautelares y desproporcionalidad

El recurso pide «la medida cautelar de suspensión de la ejecutividad y la eficacia de los apartados 2 y 4 del punto 9 de la Resolución objeto» (SLT / 2700/2020, de 29 de octubre, de los Consejeros de Salud y de interior de la Generalidad de Cataluña). Entre las alegaciones, el texto destaca que «El cierre de las instalaciones y equipamientos deportivos inflige a sus operadores unos daños económicos que, en muchos casos, los llenará la insolvencia, cierre definitivo y pérdida de puestos de trabajo» y que «el cierre total de las instalaciones y equipamientos deportivos que resulta de la resolución recurrida afecta también negativamente la salud de los usuarios y, por tanto, al interés general«. Además, añade que el congreso de los diputados declaró el pasado 15 de octubre el deporte como actividad de interés general.

En el argumentario, las alegaciones también inciden en que «la medida adoptada en relación a las instalaciones y competiciones deportivas es desproporcionada, arbitraria y manifiestamente contraria al Decreto Ley 27/2020 en que busca ampararse«.

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