AEESDAP finaliza el año revisando y actuando en más de un centenar de expedientes de contratación del sector deportivo por un valor estimado de 144 millones de euros. La Asociación ha gestionado un total de 105 consultas de empresas de servicios deportivos a las Administraciones Públicas relacionadas con posibles irregularidades en las licitaciones con una tasa de éxito en sus actuaciones superior al 85%.
La patronal representativa del sector de los servicios deportivos y de salvamento y socorrismo a las administraciones públicas hace balance de las actuaciones llevadas a cabo a durante el año 2021 en materia de detección y actuación frente a irregularidades en procedimientos de licitación del sector.
La Asociación prevé lanzar un proceso de información y divulgación sobre irregularidades para que las empresas tengan más conocimiento sobre LCSP
A lo largo de 2021 AEESDAP recibió un total de 105 consultas de empresas asociadas relacionadas con supuestas irregularidades cometidas en la configuración de licitaciones del sector, tanto en contratos de prestación de servicios como de concesión, por un valor total de 144.421.962,95€, lo que supone un notable incremento sobre los datos del año 2020 donde llegaron a revisar un total de 70 expedientes por un valor estimado aproximado de 86,3M€.
“La verdad es que viendo los números globales que hemos alcanzado este año nos sentimos muy o 1º º rgullosos del trabajo realizado. Estamos hablando de una media de dos licitaciones a la semana, lo cual supone una carga de trabajo importante. No se trata solo de analizar pliegos y recurrir. De hecho, llegamos al recurso en muy pocos casos. Invertimos mucho tiempo y esfuerzo en contactar con los órganos de contratación y exponerles las incidencias detectadas, así como en dialogar con ellos y tratar de resolver la cuestión de la mejor manera para todos, administraciones y empresas licitadoras. El recurso es siempre la última de las opciones”, expone Yago Monteoliva, gerente de AEESDAP.
Balance positivo
Desde la Asociación se muestran satisfechos con los resultados obtenidos, no solo por el incremento en la capacidad de detección y análisis, sino por el alto porcentaje de éxito en sus actuaciones – superior al 85% a lo largo de 2021 – y por el bajo número de casos en los que tuvieron que recurrir a los Tribunales (15 recursos).
“En la gran mayoría de los casos somos capaces de exponer argumentos legales suficientes acompañados de resoluciones de tribunales – cuando es posible – que consiguen convencer a los órganos de contratación de lo apuntado, subsanando cuando es posible y desistiendo cuando no lo es. Evidentemente hay casos donde no hay acuerdo y acabamos en los tribunales. No hay que darle más importancia de la que tiene. De manera casi general y pese al contratiempo que supone tener que desistir de una licitación y retrotraer el procedimiento, tanto los órganos de contratación como los departamentos técnicos agradecen la información que les remitimos. Son los primeros interesados en que las licitaciones salgan bien y den lugar a contratos satisfactorios. Es bueno para ellos, para nosotros y para la ciudadanía. Tratamos de colaborar en pro de un mejor parco de colaboración público-privado”, argumenta Yago Monteoliva.
Otro de los aspectos que apuntan desde la Asociación es que en determinados casos y pese a la irregularidad de las incidencias detectadas, es muy difícil poder reclamar. “Existen cuestiones muy difíciles de reclamar o casi imposibles. Llegar al recurso cuando existen problemas en los cálculos de los presupuestos, sobretodo en los costes laborales, no es tarea fácil. Los tribunales no entienden ni quieren entender de interpretaciones de convenios, lo cual en cierta manera tiene sentido. Aun exponiendo los cálculos de la manera más clara posible, el órgano de contratación es siempre el último en contestar por lo que al final el Tribunal no suele entrar a valorar quién de los dos tiene razón y solo en pocas ocasiones el recurso no prospera”.
Otros asuntos importantes.
En la misma línea, hay otras cuestiones que son de vital importancia para mejorar las licitaciones y los contratos que requieren actuaciones por otras vías, la de la modificación de las normas. Aspectos como la posibilidad de repercutir los incrementos del SMI en los precios de los contratos, la responsabilidad de la empresa entrante sobre las deudas de la saliente, el abuso en la obligatoriedad de las prórrogas del art. 29 de la LCSP, el reconocimiento de porcentajes obligatorios de GG y BI en los contratos…son cuestiones que la Asociación reclama modificar. “No son cuestiones baladís, alguna incluso por si sola puede quebrarte. Desde la Asociación no solo presentamos propuestas de modificación de la LCSP a través de CEOE, también nos aseguramos que las licitaciones publicadas contienen la información necesaria para que las empresas puedan hacer una correcta valoración del riesgo que asumen al licitar. Los presupuestos deben estar bien hechos y dejar claros aspectos tan importantes como posibles reducciones de horas entre contratos, los licitadores deben saber si las empresas salientes tienen deudas o liquidaciones pendientes con las plantillas, las tablas de subrogación deben ser claras… intentamos hacer todo lo que está en nuestra mano dentro de lo que la Ley nos permite para las licitaciones sean seguras”, justifica Monteoliva.
Por último, la Asociación anuncia que en breve va a poner en marcha un proceso de información y divulgación en lo relativo a detección de irregularidades con el objetivo de que las empresas tengan un mayor conocimiento en la aplicación de la LSCP y poder detectar con mayor facilidad irregularidades en la configuración de los pliegos.
