El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto de Ley del Deporte. Una de las novedades, que esperemos tenga verdadera trascendencia, es la consideración del deporte y de la actividad física como «actividad esencial», así como el «derecho a la práctica de la actividad física deportiva». De esta manera, todas las personas tienen derecho a la práctica de la actividad física y deportiva, de forma libre y voluntaria. La parte negativa es que se mantiene alejada del ámbito de la prestación de los servicios deportivos, de los gimnasios y centros fitness. 

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, en su sesión del jueves 3 de noviembre, con 166 votos a favor, 158 en contra y 18 abstenciones, el Proyecto de Ley del Deporte. Posiblemente cuando el lector acceda a este artículo el Senado habrá cumplido con el trámite parlamentario y “habemus lex sportiva”. Como vemos, nada más lejos de ser un cuerpo normativo que haya contado con el beneplácito de todos los grupos políticos. De hecho, han sido las abstenciones las que han impulsado el proyecto hacia su aprobación.

El texto legal tiene por objeto establecer el marco jurídico regulador del deporte dentro de las competencias que corresponden al Estado, respetando las competencias de las comunidades autónomas.

La Ley entiende por práctica deportiva “todo tipo de actividad física que, mediante una participación, individual o colectiva, organizada o no, profesional o no profesional, se realice con objetivos relacionados con la mejora de la condición física, psíquica o emocional, con la consecución de resultados en competiciones o actividades deportivas, con la adquisición de hábitos deportivos saludables o con la ocupación activa del tiempo de ocio, realizada en instalaciones públicas o privadas, o en el medio natural.” Como no podía ser de otra forma queda incluido en esta definición el ejercicio físico que se realiza en gimnasios y centros fitness.

El texto normativo apuesta por la promoción de la igualdad efectiva en el deporte. Las administraciones públicas deben desarrollar «políticas públicas que garanticen y pongan en marcha medidas de protección de la igualdad en el acceso y el desarrollo posterior de la actividad física y el deporte» como, por ejemplo, medidas de lucha contra la violencia machista en el deporte.

Por su parte, las federaciones deportivas y ligas profesionales tendrán la obligación de «garantizar un trato igualitario entre ambos sexos en eventos y competiciones deportivas» entre deportistas y equipos femeninos y masculinos de una misma especialidad deportiva, en lo que respecta a las «condiciones económicas, laborales, de preparación física y asistencia médica, y de retribuciones y premios». En lo que respecta a las entidades deportivas, el texto determina que se deberá equilibrar la presencia de hombres y mujeres en sus órganos directivos.

Respecto a las mujeres embarazadas, se considerarán «nulas de pleno derecho las cláusulas contractuales tendentes a permitir o favorecer la rescisión unilateral del contrato por razón de embarazo o maternidad de las mujeres deportistas». Finalmente, la ley señala que las Administraciones Públicas competentes velaran por que la indumentaria deportiva no perpetúe o reproduzca estereotipos sexistas o de cualquier otra naturaleza.

La norma también muestra su preocupación frente a la LGTBIfobia. Por eso prevé que desde la Conferencia Sectorial del Deporte se arbitren instrumentos para «crear protocolos de prevención y actuación frente a la LGTBIfobia», mientras que encarga al Consejo Superior de Deportes la tarea de formación integral en su prevención.

En materia de discapacidad, el texto establece que los poderes públicos promoverán «las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía, la inclusión social y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el ámbito del deporte». Entre otras medidas, «las federaciones deportivas españolas procurarán la efectiva integración en aquellas de las modalidades deportivas incluidas en las federaciones deportivas para personas con discapacidad». La apuesta por la inclusión pasa por la integración de las federaciones de deportes de personas con discapacidad en las federaciones deportivas españolas.

Otra de las novedades más importantes de la ley es que las federaciones deportivas autonómicas puedan participar directamente en el ámbito internacional para el caso de modalidades o especialidades deportivas «con arraigo histórico y social» en la respectiva Comunidad Autónoma, o en el caso de que la federación autonómica «hubiera formado parte de una federación internacional antes de la constitución de la federación española correspondiente».

La ley reafirma lo establecido en el RD 1006/1985 que regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales, al considerar como «deportistas profesionales», quienes se dediquen a la práctica deportiva a cambio de una retribución, ya sea por cuenta propia o ajena. Por su parte, los «deportistas no profesionales» serán aquellas personas que se dedican a la práctica deportiva en el ámbito de una entidad, pero que no tiene relación laboral con esta y perciben, como límite, «la compensación de los gastos que les supone dicha práctica».

Por otro lado, se define quiénes son deportistas de alto nivel y de alto rendimiento, determinando a qué Administración Pública compete la calificación. Como novedad, los árbitros y jueces deportivos también podrán ser declarados de alto nivel cuando, ejerciendo las funciones en competiciones deportivas internacionales o estatales en las que participen deportistas y técnicos o entrenadores de alto nivel, cumplan los requisitos que se establecerán reglamentariamente.

La ley mantiene la diferenciación entre competiciones oficiales y no oficiales. Su calificación depende de la inclusión o no en los calendarios federativos. Se reserva la calificación de competiciones no oficiales a aquellas actividades que se desarrollan en el seno federativo al margen del calendario oficial, organizadas por ellas mismas o a través de un tercero. Se pretende, de esta manera, que las federaciones deportivas puedan incrementar su actividad a través del fomento de otras competiciones que vayan más allá de las competiciones oficiales, ampliando su espectro de acción, generando un mayor impulso al crecimiento y promoción del deporte.

La nueva ley no obvia el fenómeno del deporte practicado al margen de la actividad federativa, estableciendo la necesidad que la actividad deportiva se ejercite en un marco de garantías para las personas participantes, siempre que estas actividades superen el ámbito autonómico, respetando el reparto competencial.

Entre los derechos comunes de todas las personas deportistas, destaca que los servicios recibidos durante su práctica deportiva sean prestados por profesionales cualificados de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, por técnicos deportivos, por técnicos o personas certificadas de formación profesional de la familia de las actividades físicas y deportivas o por entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas formados en enseñanzas reconocidas por la legislación.

En los programas formativos de los técnicos deportivos y demás titulaciones relacionadas con la salud en el deporte tendrán que incluirse determinaciones específicas para asegurar que las personas docentes tengan los conocimientos necesarios en el plano de la fisiología, la higiene, la biomecánica, la nutrición, las ciencias sociales y demás áreas que tengan relación con la salud, incluida la aplicación de la actividad física y el deporte en el tratamiento y prevención de enfermedades, con especial referencia a las necesidades específicas de mujeres y hombres, menores de edad, personas mayores y personas con discapacidad.

Quizá por ello sorprende que la ley no sea más valiente en la regulación del ejercicio de las profesiones del deporte, y solo en la disposición final quinta se establezca que el Gobierno deberá presentar a las Cortes Generales, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, un proyecto de ley que regule el ejercicio de las profesiones del deporte, estableciendo, dentro de sus competencias, y siempre respetando aquellas que son propias de las Comunidades Autónomas, los derechos y obligaciones de los profesionales y los requisitos para el desarrollo de aquellas. Una antigua y constante demanda del sector que debería ser afrontada a la mayor brevedad posible para clarificar su situación y establecer criterios comunes que reduzcan la disfunción que está provocando la aprobación de legislación autonómica heterogénea que limita el establecimiento de profesionales del deporte en distintos territorios nacionales.

Novedoso es el derecho de las personas deportistas profesionales, a recibir un tratamiento fiscal específico adaptado a la duración de su carrera profesional y a los ingresos generados durante la misma, que no sabemos en qué se concretará definitivamente.

La ley establece un mecanismo preventivo para favorecer la transparencia y ejemplaridad en la gestión del deporte, a través del código de buena conducta para los dirigentes, señalando que las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales adoptarán un Código de Buen Gobierno con el objeto de mejorar las actuaciones y criterios en materia de composición, principios democráticos y funcionamiento de sus órganos de gestión, regulación de los conflictos de intereses, implementación de acciones de desarrollo y solidaridad, implantación de mecanismos de control, fomento de la ejemplaridad en la gestión y representación de entes federados y asociados, prevención de ilícitos de cualquier orden y establecimiento de una estructura transparente, íntegra y organizada en el desarrollo de su actividad.

El texto normativo también se ha preocupado de regular diferentes aspectos relacionados con las instalaciones deportivas, para que cumplan, como mínimo, los estándares de accesibilidad universal con la finalidad de que las personas con discapacidad puedan disfrutar, en régimen de igualdad, de las instalaciones deportivas, además de que se respeten las normas esenciales de seguridad y sostenibilidad.

Por último, señalar que se limitan las competencias del Tribunal Administrativo del Deporte y se potencia la resolución de conflictos a través de tribunales arbitrales. De esta manera, el Tribunal Administrativo del Deporte ya no conocerá en vía de recurso de las sanciones impuestas por las federaciones deportivas y las ligas profesionales a sus miembros, sino que “las diferencias que se sustancien en este ámbito serán susceptibles de resolverse en la correspondiente jurisdicción civil, o mediante el sometimiento voluntario y previo a un sistema arbitral”.

En definitiva, una nueva Ley del deporte que hay que conocer, pero que se mantiene alejada del ámbito de la prestación de los servicios deportivos, de los gimnasios y centros fitness, que deberán buscar respuestas en las leyes del deporte autonómica o en otras leyes generales, como puede ser la Ley para la defensa de los consumidores y usuarios.

Vicente Javaloyes Sanchis

Profesor titular INEFC

GISEAFE – Grupo de Investigación Social y Educativa de la Actividad Física y el Deporte

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