A lo largo de 2022 AEESDAP recibió un total de 110 consultas de empresas asociadas relacionadas con supuestas irregularidades cometidas en la configuración de licitaciones del sector, tanto en contratos de prestación de servicios como de concesión, por un valor total de 158,6M€, lo que supone un incremento sobre los datos del año 2021 donde llegaron a revisar un total de 105 expedientes por un valor estimado aproximado de 144,4M€.
La patronal representativa del sector de los servicios deportivos y de salvamento y socorrismo a las Administraciones Públicas hace balance de las actuaciones llevadas a cabo a durante el año 2022 en materia de detección y actuación frente a irregularidades en procedimientos de licitación del sector.
“Tras tres años de operativa, el servicio de consulta/denuncia de irregularidades en licitaciones se consolida como una herramienta eficaz para la supervisión de expedientes de contratación y, por tanto, para la mejora de nuestro sector. Licitar con garantías, tanto desde el punto de vista de las administraciones como del de las propias empresas, debe ser una prioridad. El siguiente paso es conseguir acabar con la “dictadura del precio” para que realmente las ofertas supongan realmente un valor añadido a la gestión de las administraciones y realmente prime una mejor relación calidad- precio, como marca la UE y la propia LCSP”, expone Yago Monteoliva, gerente de AEESDAP.
De nuevo un balance positivo
Desde la Asociación se muestran, un año mas, satisfechos con los resultados obtenidos, no solo por el incremento en la capacidad de detección y análisis, sino por el alto porcentaje de éxito en sus actuaciones – ligeramente superior al 80% (85% en 2021) – así como por el trato recibido por la gran mayoría de las administraciones afectadas.
“Desde la Asociación y a través de resoluciones de Tribunales y textos legales, ponemos en conocimiento de las administraciones las posibles incidencias detectadas de modo que, en la mayoría de los casos, son las propias entidades las que actúan de oficio para corregir las licitaciones. Es cierto que este año hemos vuelto a tener un número muy similar de reclamaciones ante los Tribunales – 16 recursos en 2022, uno más que en 2021 – pero sigue siendo la última de la opciones en cuanto a vías de actuación y en algunos casos los Tribunales ni siquiera han tenido que pronunciarse puesto que las propias entidades han desistido de motu propio. Nos sentimos orgullosos y es muy satisfactorio poder mantener una relación colaborativa con las Administraciones pese a lo delicado del asunto”, argumenta Yago Monteoliva.
Junto a las deficiencias en la configuración y definición de los criterios de adjudicación, otro de los aspectos más problemáticos para los órganos de contratación es el cálculo de costes laborales.
“Los convenios colectivos no son documentos fáciles del interpretar y en muchos casos no tienen en cuenta en su configuración las peculiaridades del modelo de negocio de los servicios deportivos a las Administraciones Públicas. Además, las áreas técnicas deportivas, que son las que suelen encargarse del cálculo del presupuesto, en la mayoría de los casos no tienen formación en materia laboral y el escenario actual, que se remonta ya a hace más un año, es el peor que he conocido para intentar calcular costes. Por un lado tenemos el Convenio Colectivo Estatal denunciado desde 2019 y es imposible anticipar cuando podría firmarse el nuevo convenio y en que términos. En consecuencia, las tablas salariales están completamente afectadas por la evolución del SMI, la cual no puede ser más incierta. Si tienes que hacer cálculos salariales para un contrato a 4 años no hay manera de agarrarse a una previsión fiable. La opción más prudente es hacer los presupuestos con un margen considerable. El que quiera jugársela con una oferta agresiva que sea consecuente, pero tiene que haber margen para que las empresas decidan el nivel de riesgo que quieren aceptar. Este año han quedado desiertas licitaciones muy importantes porque el presupuesto no era viable a nivel de riesgos”.
Otros asuntos importantes
En la misma línea, hay otras cuestiones que son de vital importancia para mejorar las licitaciones y los contratos que requieren actuaciones por otras vías, la de la modificación de las normas. Aspectos como la posibilidad de repercutir los incrementos del SMI en los precios de los contratos, la responsabilidad solidaria de la empresa entrante sobre las deudas de la saliente, el abuso en la obligatoriedad de las prórrogas del art. 29 de la LCSP, el reconocimiento de porcentajes obligatorios de GG y BI en los contratos…son cuestiones que la Asociación sigue reclamando.
Por otro lado, desde la Asociación se pone el acento en la importancia de realizar un eficaz seguimiento del contrato por parte de las Administraciones, sobretodo en materia laboral. “Estamos detectando adjudicaciones a empresas que sistemáticamente ofertan por debajo de costes laborales. No es que acepten un nivel de riesgo considerable, es que sabemos que los números no salen en la previsión más prudente en lo relativo al SMI. En 10/15/20 días, cuando probablemente tengamos ya el SMI 2023, esos contratos no son viables económicamente, y se están firmando a 2/3/4 años. Ya veremos que pasa en unos meses. No es una cuestión menor.”
