De todos es conocida la Ley de Ordenación. Se trata de una propuesta de Ley ESTATAL, que el COLEF quiere implantar en 2025. Su objetivo es la reserva de actividad profesional de determinadas competencias, como la de Director Técnico o Entrenador Personal, exclusivamente para graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte colegiados en el COLEF. También pretende exigir dicho grado y colegiación a todo aquel que pretenda abrir un gimnasio. Una propuesta injusta que no convence a la industria del fitness.
Cataluña fue pionera en el 2008 en tener una Ley de Regulación Profesional y Registro de Profesionales del Deporte (el famoso ROPEC), y muchas comunidades han seguido su ejemplo. Esta ley, y las de otras comunidades que le han precedido, han conseguido una regulación justa, coherente, y que garantiza la seguridad y la calidad de los servicios de entrenamiento, bastante presente en el sector, al menos en los gimnasios. Una regulación flexible y alineada con Europa, en la que se integran todas las personas que, con el BOE en la mano, pueden ejercer porque tienen las competencias necesarias, sin más problemas que seguir la propia ley.
Sin embargo, la nueva Ley de Ordenación Estatal pretende la reserva de actividad de algunas funciones, básicamente las que ahora mismo se desarrollan en gimnasios y similares. De hecho, durante la presentación celebrada en Madrid este pasado diciembre, alguno de los ponentes directamente la llamó “la ley de los gimnasios“.
Regular por ley el mercado traerá consecuencias, y expertos en fitness, CEOs, propietarios de centros, instructores y entrenadores coinciden en que pocas serán positivas:
Problemas de la Nueva Ley
No garantiza el derecho de los trabajadores a moverse libremente dentro de la UE
Europa no sigue este camino. Esto significa que esta ley no garantiza el cumplimiento de normas europeas como la de libre movilidad entre países. Si se aprueba, un entrenador que lleve años trabajando legalmente en Alemania o Francia no podría hacerlo en España.
No es justa ni coherente
Esta ley pretende otorgar ciertos privilegios, como la exclusividad de competencias como Entrenador Personal o Director Técnico, o la exigencia del grado y colegiación para abrir un gimnasio, a un grupo de profesionales únicamente por haber cursado un grado universitario. Sin embargo, actualmente ese grado no otorga las competencias necesarias para trabajar en la industria del fitness o del deporte en puestos como preparador físico, entrenador personal o instructor. Además, el COLEF es un organismo orientado a la enseñanza secundaria, bachillerato y universitaria, y ahora busca atribuirse competencias en un sector en el que sus colegiados no han sido formados específicamente.
En lugar de analizar sus planes de estudio y adaptarlos a las necesidades de la industria, el COLEF ha optado por impulsar una ley que garantice privilegios sin que realmente los hayan adquirido. Esto dejaría sin trabajo a miles de profesionales que llevan años ejerciendo bajo el marco legal con titulaciones como FP TAFAD/TSAF, acreditaciones por competencias y experiencia profesional.
Además, considerando que solo el 20% de los trabajadores del fitness y el deporte son graduados, esta ley generaría dificultades a los centros para encontrar personal cualificado.
Es difícil de aplicar y controlar
Creer que una ley hará que las personas dejen de entrenar con quien prefieran es ingenuo. La solución no está en una ley de difícil cumplimiento, especialmente cuando apenas un 20% de los profesionales actuales son graduados en CCAFD y muchos ni siquiera están colegiados. La falta de inspectores y el trabajo informal fuera de registros oficiales hacen que su aplicación sea prácticamente imposible.
Muchos entrenadores trabajan en espacios al aire libre, a domicilio o en asociaciones sin figurar en registros, lo que hace que esta ley no tenga un impacto real en la regulación del sector. Si el COLEF quiere mejorar la calidad del servicio, debería centrarse en ofrecer ventajas reales a sus colegiados en lugar de imponer obligaciones.
Ignora la diversidad del sector
La ley solo hace referencia a gimnasios, pero ¿qué ocurre con piscinas, pistas de pádel, estudios de Pilates o dojos? ¿Se considera un centro de CrossFit un gimnasio? ¿Un club de halterofilia también lo es? Esta falta de claridad puede generar problemas legales y administrativos.
Comparar la industria del fitness con farmacias u otros sectores regulados es una simplificación que ignora la diversidad del ámbito deportivo. Esta ley parece diseñada únicamente para gimnasios, dejando fuera otras instalaciones y disciplinas.
Como ejemplo: ¿por qué un monitor de esquí TD1 puede enseñar a esquiar a una persona, ejerciendo como entrenador personal de esquí, sin ser graduado, mientras que un entrenador de fuerza en un gimnasio sí debe serlo? ¿Per que en cambio un entrenador de Fuerza necesita ser graduado para entrenar a una persona, ejerciendo de entrenador personal y en cambio si entrena a un grupo de 4, o de 20 personas, no necesita serlo? Incoherencias que reflejan la falta de conocimiento sobre la realidad del sector.
ALTERNATIVAS A LA LEY PROPUESTA
En lugar de imponer una ley restrictiva, existen soluciones más adecuadas:
Actualizar los planes de estudio
Adaptar los itinerarios curriculares de los grados universitarios a las necesidades reales del sector, firmando acuerdos de colaboración con federaciones y escuelas de fitness para garantizar una formación más específica.
Tomar como referencia los modelos autonómicos
Muchas comunidades han implementado regulaciones exitosas, como el ROPEC en Cataluña, que garantizan calidad y seguridad sin excluir a profesionales cualificados.
Establecer un período de transición
Un plazo de 5 a 10 años permitiría a los profesionales adaptarse progresivamente sin perder su empleo, garantizando una transición justa.
Reservar solo ciertas actividades clínicas a los graduados
Actividades como el ejercicio en hospitales bajo el INSALUD podrían ser exclusivas para graduados en CCAFD, pero sin excluir a entrenadores y gestores deportivos de sus funciones actuales.
Conclusión
Esta Ley de Ordenación Estatal podría transformar el sector del fitness en España, pero no necesariamente para bien. Regular es importante, pero debe hacerse con sentido común, respetando la trayectoria de los profesionales que ya trabajan y teniendo en cuenta la realidad del mercado.
Imponer una normativa que deja fuera a entrenadores con experiencia, sin aportar mejoras reales, solo fomentará el conflicto. Además, si la ley se aprueba en su estado actual, es probable que termine en tribunales europeos y sea derogada, generando aún más incertidumbre en el sector.
Si realmente preocupa el intrusismo, la solución no es una ley restrictiva, sino una mejora en la formación y ventajas reales para los colegiados que hagan que la afiliación al COLEF sea una elección, no una obligación.
Escrito por Azahara Fuentes, experta en Fitness.
