En dos informes recientes, la OMS insta a subir de forma significativa la fiscalidad sobre el alcohol y las bebidas azucaradas —junto al tabaco— como vía para reducir enfermedades no transmisibles y, al mismo tiempo, generar hasta un billón de dólares adicionales para financiar la salud pública en la próxima década. El mensaje a los gobiernos es claro: si quieren sistemas sanitarios sostenibles, deben mirar de frente a los impuestos sobre productos que dañan la salud.
El planteamiento no es nuevo, pero sí más contundente que nunca. Según la OMS, el problema no es solo el consumo de estos productos, sino que, en muchos países, siguen siendo cada vez más asequibles. La inflación, el aumento de ingresos y unos impuestos mal diseñados han hecho que refrescos azucarados y alcohol cuesten relativamente menos hoy que hace veinte o treinta años. El resultado es conocido: más obesidad, más diabetes tipo 2, más enfermedades cardiovasculares, más cánceres evitables y un gasto sanitario creciente que amenaza con desbordar los presupuestos públicos.
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha defendido que los llamados “impuestos de salud” cumplen una doble función. Por un lado, reducen el consumo de productos nocivos al encarecerlos; por otro, generan ingresos que pueden destinarse a reforzar la sanidad, la prevención y la protección social. En un contexto de envejecimiento poblacional y aumento de enfermedades crónicas, la OMS considera que esta combinación es difícil de igualar por otras políticas públicas.
El eje central de la propuesta es la iniciativa conocida como “3 by 35”, que anima a los países a aumentar al menos un 50 % el precio real de tres productos —tabaco, alcohol y bebidas azucaradas— antes de 2035 mediante impuestos especiales. El objetivo no es simbólico. La OMS estima que, aplicada de forma amplia y coherente, esta estrategia permitiría recaudar alrededor de un billón de dólares en diez años, además de evitar millones de muertes prematuras asociadas a enfermedades no transmisibles.
Los informes subrayan que muchos países ya aplican impuestos a estos productos, pero lo hacen de manera insuficiente. Más de un centenar de Estados gravan las bebidas azucaradas, aunque en muchos casos dejan fuera productos con alto contenido de azúcar, como ciertos zumos o bebidas lácteas dulces. En el caso del alcohol, aunque la mayoría de países lo grava, los impuestos no siempre se actualizan con la inflación ni con el crecimiento de los ingresos, lo que hace que la bebida siga siendo barata y fácilmente accesible. En Europa, además, persisten excepciones llamativas, como la ausencia de impuestos especiales al vino en varios países.
Lo llamativo, especialmente para el sector del fitness y la actividad física, es lo que no aparece en el mensaje principal de la OMS. En esta llamada específica a aumentar impuestos, la organización no plantea medidas concretas para fomentar la actividad física ni para invertir directamente en entornos activos, instalaciones deportivas o programas de ejercicio supervisado. El enfoque se centra casi exclusivamente en la reducción del consumo de productos nocivos y en la necesidad de financiar sistemas sanitarios sobrecargados.
Esto no significa que la OMS ignore el papel del ejercicio físico en la prevención de la obesidad y las enfermedades crónicas. De hecho, la organización lleva años advirtiendo sobre la inactividad física como uno de los grandes factores de riesgo globales. Sin embargo, en este paquete fiscal concreto, la actividad física queda en segundo plano, como si la solución pasara por castigar lo malo más que por impulsar lo bueno. Una visión eficaz a corto plazo, pero que deja abiertas preguntas sobre cómo se utilizarán realmente los recursos recaudados.
Para los operadores de gimnasios, centros deportivos y profesionales del ejercicio, el debate es especialmente relevante. Si los gobiernos aplican estos impuestos y logran aumentar de forma sustancial la recaudación, la gran incógnita será el destino de esos fondos. La OMS insiste en que deben reinvertirse en salud, pero no concreta porcentajes ni prioridades. Ahí se abre una oportunidad —y también un riesgo— para que la actividad física vuelva a quedar relegada frente a un modelo sanitario centrado en tratar la enfermedad más que en prevenirla.
La experiencia de algunos países muestra que los impuestos sobre bebidas azucaradas sí pueden reducir el consumo y fomentar reformulaciones por parte de la industria. Pero también ha quedado claro que, sin políticas paralelas que faciliten el acceso a estilos de vida activos, el impacto sobre la salud poblacional es limitado. Menos azúcar y menos alcohol ayudan, pero no sustituyen el efecto del movimiento regular, el entrenamiento de fuerza o la creación de hábitos activos sostenidos en el tiempo. En definitiva, la OMS pone sobre la mesa una herramienta potente para financiar la salud global y frenar el consumo de productos perjudiciales. El mensaje fiscal es claro, directo y respaldado por evidencia. Falta ahora ver si los gobiernos serán igual de valientes a la hora de invertir esos recursos en prevención real, donde la actividad física y los gimnasios deberían jugar un papel central. Porque subir impuestos puede llenar las arcas, pero solo el movimiento constante llena de verdad los años de vida con salud.
