Los autónomos se encuentran en una difícil coyuntura. En la actual situación en la que se encuentran tienen que determinar si solicitan la ayuda extraordinaria de la Seguridad Social por cese de negocio o beneficiarse del resto de medidas como la moratoria hipotecaria, el aplazamiento de alquiler, el rescate del plan de pensiones o el bono social eléctrico, ya que en ningún caso son compatibles. La Administración está pidiendo el cese de actividad para acceder a las medidas de carácter social puesta en marcha por el Ejecutivo.
Según denuncia la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), el 95% de los trabajadores por cuenta propia se quedará sin este tipo de ayudas, ya que solo se materializarán si hay cierre del negocio.
La asociación reclama que las ayudas sean compatibles con la prestación extraordinaria que puso en marcha el Gobierno, para los trabajadores por cuenta propia que se vieran afectados por el cierre de su negocio debido a la declaración del estado de alarma o cuya facturación haya caído en el mes un 75%.
ATA pide que el simple hecho de haber tenido aprobada la prestación extraordinaria debería ser un requisito de vulnerabilidad para poder solicitar el resto de las ayudas sociales. Con la actual articulación legal de las ayudas, el cese de actividad viene acompañado de causar baja de la Seguridad Social, con lo que se perdería el derecho a la prestación extraordinaria.
La diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos María Muñoz Vidal ha registrado una pregunta al Gobierno en el Congreso respecto a esta situación y ha señalado que existe «una falta de claridad, que genera inseguridad jurídica y que puede dificultar el acceso de los autónomos a las diferentes ayudas, aumentando el riesgo de que se vean forzados a cerrar».
Por ello, pregunta al Gobierno si considera que este requisito de cese de actividad resulta congruente con la finalidad perseguida por este tipo de ayudas sociales y si cree que tiene sentido que se exija certificar el cese de actividad para el acceso a una ayuda social «cuyo fin precisamente debería ser contribuir al mantenimiento de dicha actividad». También cuestiona si el Ejecutivo contempla emitir algún tipo de aclaración al respecto.
