Carlos Mazón, presidente del PPCV y Candidato a la Generalitat Valenciana, promete bajar los impuestos a más de un millón cien mil deportistas de la Comunidad Valenciana. Reconoce que los beneficios de esta bajada de impuestos ayudaría a reducir el gasto farmacéutico y sanitario y a aumentar la productividad, además de prevenir el sedentarismo. El descuento que promete es del 30% y en el caso de las personas mayores o con discapacidad, hasta el 100%. Practicantes de actividad física de gimnasios y clubs federados se verán beneficiados de esta bajada de impuestos. La patronal, FNEID, ha contribuido en esta decisión, con reuniones y propuestas que vienen manteniendo con los partidos políticos.
Concretamente en la Comunidad Valenciana, FNEID ha presentado un informe del que destacamos algunos puntos:
Que todo beneficio o incentivo fiscal tiene un efecto sobre el deber de contribuir contenido en el artículo 31 de la Constitución y debería tener su justificación en algún otro apartado de nuestra Carta Magna. En este sentido, se puede señalar que el estímulo público de la actividad física y el deporte tiene su cobertura en el artículo 43 de la Constitución, que se enmarca dentro de los principios rectores de la política social y económica, que han de guiar la actuación de las Administraciones públicas, ligado a un elemento esencial como es la salud. El mencionado precepto indica que:
- Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
- Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
- Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio”.
Por otro lado, recuerdan el importante coste que supone la ausencia de deporte en la sociedad:
“De hecho, en nuestro país, el gasto anual previsto derivado de la inactividad física para el 2020 asciende a más de 1.803 millones de euros, y puede que el impacto del COVID-19, haga superar esa cifra en 508 millones de euros más, hasta alcanzar un total de 2.311 millones de euros, según el Estudio del Impacto del COVID-19 sobre el Ecosistema del Deporte Español elaborado por la Fundación España Activa, ADESP y el Consejo Superior de Deportes. En esta línea, en el año 2016 la revista científica The Lancet publicó un riguroso estudio sobre el impacto de la actividad física para la salud, señalando que el coste total de la inactividad física en el mundo alcanzó los 67.000 millones de dólares en el año 2013. En nuestro país, el cálculo más conservador estimaba que el gasto anual total de la inactividad física es de unos 1.560 millones de euros, de los cuales el 70,5 % es costeado por las administraciones públicas, mientras que un 22,8 % es desembolsado por los hogares españoles”.
Por otra parte, no debe olvidarse que el sector de la actividad física y el deporte, según datos del Consejo Superior de Deportes, proporciona empleo a 225.396 personas en nuestro país (más de 85.000 directos en Instalaciones Deportivas y Gimnasios), según datos facilitados por la Seguridad Social a 4 de enero de 2022. Este es un sector cuyo principal perfil de contratación coincide con los grupos más necesitados, el de los jóvenes y el de las mujeres. Empleo juvenil y femenino cuyo fortalecimiento es muy recomendable, algo a lo que puede ayudar la introducción de estímulos fiscales para el sector.
En estudios, como el elaborado por Deloitte a instancia de la IHRSA (Asociación Internacional para la Salud y el Fitness), sitúan el coste para el sistema sanitario en España asociado a la inactividad física en 7.200 millones de euros.
Estas son las conclusiones de este informe:
- De conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Constitución debe existir una política de fomento de la educación física y el deporte, lo que se puede hacer por la vía de la concesión de subvenciones o de incentivos fiscales. A nuestro juicio, los incentivos fiscales permiten una más rápida aplicación de la ayuda por parte de los destinatarios de la misma y no generan un coste de gestión administrativa.
- La práctica deportiva permite contar con una población más sana y, por consiguiente, se genera una sinergia positiva que permite un ahorro de gasto público en sanidad. La crisis del COVID-19 ha supuesto una reducción del número de personas que practican deporte de manera habitual, conseguir una recuperación de los hábitos de vida saludable parece una prioridad, si queremos tener una población más sana y un menor coste sanitario en el futuro.
- Se podrían mejorar los incentivos en el IRPF mediante una deducción autonómica en cuota que tenga en consideración los gastos en los que incurren las personas físicas para el acceso a la práctica deportiva en instalaciones adecuadas para la misma.
- El incentivo fiscal que se propone permite definir de forma muy precisa el colectivo beneficiado de forma que podría singularizarse la ayuda atendiendo no sólo a la renta sino a la edad y circunstancias personales de los sujetos que practiquen el deporte.
- El sistema de control de la deducción que debería implantarse permitirá eliminar la economía sumergida y la competencia desleal en un sector muy afectado por la coyuntura económica. Este sistema de control no resultaría oneroso para los prestados de servicios ya que deberán actualizar sus sistemas de facturación con la implantación de la factura electrónica obligatoria siendo por tanto un momento muy propicio para el diseño de este incentivo.
- El coste de gestión y control de este incentivo es muy inferior al establecimiento de ayudas o subvenciones directas.
En el caso de que el candidato a la Generalitat Valenciana llegue a gobernar ¿Veremos cumplida esta promesa? Confiamos en que así sea y sirva de punto de inflexión en todo el territorio español.
